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Me he permitido realizar un breve análisis del actual proceso selección de personal en la Junta de Extremadura, aún cuando todavía quedan algunos exámenes por realizar. Seguro que se pueden añadir muchas más cuestiones a estas valoraciones.
Carencias y errores detectados:
• Pésima organización y planificación en la realización de los procesos selectivos, sin ninguna certeza en cuanto a la regularidad de la fecha de los exámenes (en que año será las próximas), y acumulando con retraso las ofertas de empleo público de los años anteriores.
• Poca transparencia e información a los opositores, sin conocer los criterios de valoración que los tribunales aplican ni posibilidad de conocer las soluciones del examen práctico ya que no son objeto de publicación, lo cual aumenta la discrecionalidad de los tribunales.
• Discrecionalidad desproporcionada de la Administración al introducir cambios en la manera de realizar los exámenes con respecto a cómo se hacían habitualmente, sin dejar capacidad de respuesta y adaptación a los opositores.
• Inexistencia de un temario oficial, que garantice una igualdad de oportunidades para todos, unos mismos contenidos a la hora de valorar y evitar dejarse un dineral en academias de preparación.
• Exámenes cuyo contenido poco tiene que ver con la función a desempeñar.
• Silencio de los sindicatos mayoritarios, renunciando a cualquier función crítica o reivindicativa y de control de los tribunales de selección.
• Inutilidad a la hora de recurrir las decisiones y notas de los órganos calificadores. Por sistema se desestiman todos los recursos, en muchas ocasiones contestan una vez concluido el proceso selectivo, y no se facilitan los criterios de valoración ni plantillas con las soluciones (excepto tipo test), con lo cual resulta complicado averiguar cómo se ha evaluado, imposibilidad de acceder al acta de la Comisión de Calificación, etc., no habiendo manera de comprobar si han aplicado correctamente los criterios de valoración y que se han aplicado a todos por igual. El permitir acceder a estos documentos alejaría todo tipo de sospechas sobre el proceso de selección.
• El Tribunal está sólidamente formado por especialistas que dominan el temario. Falso. El Tribunal calificador está formado por miembros del cuerpo a seleccionar así como otros funcionarios de cuerpos superiores o similares, cada uno de los cuales en su día acreditó conocimientos similares a los exigidos, pero el paso del tiempo minora el conocimiento memorístico e intuitivo además de no garantizarse su actualización.
• Dificultad en los exámenes, con muy pocos aprobados en la primera prueba e incluso plazas desiertas en algunas especialidades. Así, por ejemplo, ya directamente en los primeros exámenes:
Especialidad Medicina de Empresa/Trabajo: Ningún aspirante ha superado el primer ejercicio de la fase de oposición (3 plazas ofertadas)
Arquitectura técnica 6 aprobados para 7 plazas.
Técnico de informática 28 plazas y 16 aprobados.
Técnico trabajo social: 4 plazas y 3 aprobados.
A la dificultad comentada se añade preguntas mal planteadas o confusas, fuera de temario, e incluso errores en la plantilla de respuesta (recordad que ello puede determinar presentarse a no a la prueba práctica en las categorías que ambos exámenes son el mismo día). El caso más escandaloso en lo comentado fue el proceso selectivo del cuerpo Administrativo en la categoría de Administración General.
Propuestas:
• Que las oposiciones se hagan de manera periódica y regular (acumulando un máximo de dos OEP anuales), y mediante un proceso ágil y rápido.
• Elaboración de temarios oficiales.
• Máxima información sobre todo el proceso selectivo, incluyendo publicación previa de los criterios de valoración para saber de antemano que va a pedir los tribunales de selección y la posterior publicación de las soluciones de todos los exámenes.
• Contenido del examen se adecue a las funciones que se va a desempeñar en el puesto.
• En la composición de los tribunales calificadores deberían estar formado, al menos en parte, por miembros externos a la Junta de Extremadura, con observadores independientes, incluido el acceso de los sindicatos durante todo el proceso selectivo, para garantizar la independencia y objetividad de los tribunales.
Que los miembros de los tribunales de oposición se elijan a través de un sorteo y que se incrementen las medidas de seguridad en el fotocopiado y almacenamiento de los exámenes con el fin de evitar las irregularidades y disfunciones que se han denunciado de manera reiterada.
• Aumento significativo de las plazas ofertadas (las OEP del año 2007 y 2008 son claramente insuficiente y escasas), aumentar las escasas plazas de promoción interna, poner fin a la privatización encubierta de ciertas áreas de la Administración en la que empresas privadas están cubriendo funciones propias de empleados públicos y que los becarios realicen tareas exclusivas de investigación.
Carencias y errores detectados:
• Pésima organización y planificación en la realización de los procesos selectivos, sin ninguna certeza en cuanto a la regularidad de la fecha de los exámenes (en que año será las próximas), y acumulando con retraso las ofertas de empleo público de los años anteriores.
• Poca transparencia e información a los opositores, sin conocer los criterios de valoración que los tribunales aplican ni posibilidad de conocer las soluciones del examen práctico ya que no son objeto de publicación, lo cual aumenta la discrecionalidad de los tribunales.
• Discrecionalidad desproporcionada de la Administración al introducir cambios en la manera de realizar los exámenes con respecto a cómo se hacían habitualmente, sin dejar capacidad de respuesta y adaptación a los opositores.
• Inexistencia de un temario oficial, que garantice una igualdad de oportunidades para todos, unos mismos contenidos a la hora de valorar y evitar dejarse un dineral en academias de preparación.
• Exámenes cuyo contenido poco tiene que ver con la función a desempeñar.
• Silencio de los sindicatos mayoritarios, renunciando a cualquier función crítica o reivindicativa y de control de los tribunales de selección.
• Inutilidad a la hora de recurrir las decisiones y notas de los órganos calificadores. Por sistema se desestiman todos los recursos, en muchas ocasiones contestan una vez concluido el proceso selectivo, y no se facilitan los criterios de valoración ni plantillas con las soluciones (excepto tipo test), con lo cual resulta complicado averiguar cómo se ha evaluado, imposibilidad de acceder al acta de la Comisión de Calificación, etc., no habiendo manera de comprobar si han aplicado correctamente los criterios de valoración y que se han aplicado a todos por igual. El permitir acceder a estos documentos alejaría todo tipo de sospechas sobre el proceso de selección.
• El Tribunal está sólidamente formado por especialistas que dominan el temario. Falso. El Tribunal calificador está formado por miembros del cuerpo a seleccionar así como otros funcionarios de cuerpos superiores o similares, cada uno de los cuales en su día acreditó conocimientos similares a los exigidos, pero el paso del tiempo minora el conocimiento memorístico e intuitivo además de no garantizarse su actualización.
• Dificultad en los exámenes, con muy pocos aprobados en la primera prueba e incluso plazas desiertas en algunas especialidades. Así, por ejemplo, ya directamente en los primeros exámenes:
Especialidad Medicina de Empresa/Trabajo: Ningún aspirante ha superado el primer ejercicio de la fase de oposición (3 plazas ofertadas)
Arquitectura técnica 6 aprobados para 7 plazas.
Técnico de informática 28 plazas y 16 aprobados.
Técnico trabajo social: 4 plazas y 3 aprobados.
A la dificultad comentada se añade preguntas mal planteadas o confusas, fuera de temario, e incluso errores en la plantilla de respuesta (recordad que ello puede determinar presentarse a no a la prueba práctica en las categorías que ambos exámenes son el mismo día). El caso más escandaloso en lo comentado fue el proceso selectivo del cuerpo Administrativo en la categoría de Administración General.
Propuestas:
• Que las oposiciones se hagan de manera periódica y regular (acumulando un máximo de dos OEP anuales), y mediante un proceso ágil y rápido.
• Elaboración de temarios oficiales.
• Máxima información sobre todo el proceso selectivo, incluyendo publicación previa de los criterios de valoración para saber de antemano que va a pedir los tribunales de selección y la posterior publicación de las soluciones de todos los exámenes.
• Contenido del examen se adecue a las funciones que se va a desempeñar en el puesto.
• En la composición de los tribunales calificadores deberían estar formado, al menos en parte, por miembros externos a la Junta de Extremadura, con observadores independientes, incluido el acceso de los sindicatos durante todo el proceso selectivo, para garantizar la independencia y objetividad de los tribunales.
Que los miembros de los tribunales de oposición se elijan a través de un sorteo y que se incrementen las medidas de seguridad en el fotocopiado y almacenamiento de los exámenes con el fin de evitar las irregularidades y disfunciones que se han denunciado de manera reiterada.
• Aumento significativo de las plazas ofertadas (las OEP del año 2007 y 2008 son claramente insuficiente y escasas), aumentar las escasas plazas de promoción interna, poner fin a la privatización encubierta de ciertas áreas de la Administración en la que empresas privadas están cubriendo funciones propias de empleados públicos y que los becarios realicen tareas exclusivas de investigación.
• Exención pago tasa; incluir la gratuidad real para los parados (ahora primero cobran y después, si lo reclamas, lo devuelven, proceso que a veces es complicado y tedioso).
• Adaptación de las pruebas selectivas a las necesidades reales de los minusválidos.
