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La Junta de Andalucía pretende poner sordina a la protesta de los funcionarios por la vía de aplazar la entrada en vigor de la normativa para la reordenación de la Administración autonómica, el denominado «decreto del enchufismo» o «funcionariazo», origen del conflicto
Ayer, el Consejo de Gobierno acordó paralizar hasta junio (las elecciones municipales son el 22 de mayo) los estatutos de las futuras agencias públicas, imprescindibles para el desarrollo de la Ley que en los próximos meses aprobará el Parlamento.
En el último trimestre del año la Junta ha tenido que responder a la airada protesta de los sindicatos de funcionarios y a las críticas de la oposición con la modificación en algunos aspectos el decreto de reordenación del sector público, con el único apoyo de UGT y CC.OO., para posteriormente optar por remitirlo al Parlamento y tramitarlo como proyecto de Ley.
Y ahora, cuando todo parecía que la nueva norma, con los parabienes de la Cámara autonómica, entraría en vigor en torno al mes de marzo, el Consejo de Gobierno abrió ayer un plazo máximo de seis meses para la aprobación de los estatutos por los que se regirán las macroagencias que sustituirán a las actuales empresas públicas, caso de Egmasa o la Agencia Andaluza del Agua.
Ayer, el Consejo de Gobierno acordó paralizar hasta junio (las elecciones municipales son el 22 de mayo) los estatutos de las futuras agencias públicas, imprescindibles para el desarrollo de la Ley que en los próximos meses aprobará el Parlamento.
En el último trimestre del año la Junta ha tenido que responder a la airada protesta de los sindicatos de funcionarios y a las críticas de la oposición con la modificación en algunos aspectos el decreto de reordenación del sector público, con el único apoyo de UGT y CC.OO., para posteriormente optar por remitirlo al Parlamento y tramitarlo como proyecto de Ley.
Y ahora, cuando todo parecía que la nueva norma, con los parabienes de la Cámara autonómica, entraría en vigor en torno al mes de marzo, el Consejo de Gobierno abrió ayer un plazo máximo de seis meses para la aprobación de los estatutos por los que se regirán las macroagencias que sustituirán a las actuales empresas públicas, caso de Egmasa o la Agencia Andaluza del Agua.
