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Bernard Cassen
Le Monde Diplomatique
En The Economist es donde se exponen con mayor radicalismo -y también con talento- las tesis ultraliberales. Es conocida la gran influencia que este semanario británico ejerce sobre los responsables políticos, y ello mucho más allá del mundo anglosajón. Lo que preconiza The Economist se transmite a menudo en las hojas de ruta de los gobiernos, en primer lugar en Europa. Por eso es preciso tomar muy en serio la portada de la edición del 8 de enero pasado y el contenido del informe especial: "La próxima batalla. Hacia una confrontación con los sindicatos del sector público".
La tesis de The Economist es de una sencillez evangélica y puede resumirse en tres puntos: a) todos los Estados europeos enfrentan déficit públicos abismales; b) para reducir el gasto público, hay que reducir los efectivos, los salarios y los sistemas de pensiones de los funcionarios; c) los gobiernos lograrán ganarse con mayor facilidad a la opinión pública incentivando la denuncia de los "privilegios" (en especial la estabilidad laboral) de los "acomodados" del sector público, quienes supuestamente viven a costa del conjunto de los contribuyentes.
En ningún momento el informe recuerda que los déficit públicos son en gran parte consecuencia de las ayudas colosales otorgadas a los bancos y otros responsables de la crisis actual. Tampoco que estos déficit aumentaron debido a los regalos fiscales hechos a los ricos. Ni siquiera se deja en claro que, a cambio de su salario, los funcionarios prestan servicios indispensables para el buen funcionamiento de la sociedad. En particular los docentes, atacados muy especialmente en este informe. El periodista que escribió uno de los artículos debe de estar muy desinformado sobre las condiciones reales de trabajo de los profesores para tener el coraje de escribir que "sesenta y cinco años debería ser la edad mínima para que esta gente que se pasa la vida en un aula se jubile".
The Economist se congratula de que varios gobiernos europeos -dos de ellos dirigidos por "socialistas", los de Grecia y España- ya han rebajado los salarios de sus funcionarios y que, en toda la Unión Europea haya "reformas" -sería más justo hablar de contrareformas de los sistemas de pensiones ya realizadas o en vías de realización.
Por ideología, los liberales son hostiles a los funcionarios y demás asalariados del sector público. En primer lugar porque privan al sector privado de nuevos espacios de lucro; en segundo lugar porque, protegidos por su estatuto, pueden ser socialmente más combativos que sus compañeros del sector privado, hasta el punto de que, a veces, hacen huelgas "por delegación" y representan a trabajadores del sector privado que no pueden hacerlas. Esta solidaridad es la que los gobiernos quieren destruir a toda costa para reducir la capacidad de resistencia de las poblaciones contra los plantes de ajuste y de austeridad implementados en toda Europa. Los déficit públicos constituyen así un pretexto inesperado para modificar las relaciones sociales conflictivas en detrimento del mundo del trabajo.
Defender los servicios públicos es defender el único patrimonio del que disponen las categorías más pobres de la población. La apuesta por la cacería de funcionarios y de sus sindicatos que propone The Economist no es (o apenas) financiera. Es política o ideológica.
