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Con este título, que constituye unos de los lemas de la histórica movilización que están realizando en Andalucía los empleados públicos, queremos recopilar y dar voz contra la injusta situación que se está viviendo también en la Junta de Extremadura, donde se paraliza la incorporación de funcionarios y laborales mientras siguen entrando personal de manera irregular a través de las empresas públicas. Una explicación breve y sencilla, aunque ya conoceréis la situación, sería la siguiente:
La Junta de Extremadura por de razones de eficacia y como consecuencia de la falta de medios técnicos idóneos realiza una traslación del aspecto material de una potestad a una empresa pública. Esto se lleva a cabo a través figura de la encomienda de gestión que se define como “la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de derecho público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de la misma o de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño”.
Tales encomiendas de gestión sólo se pueden realizar con las empresas públicas cuyo capital sea íntegramente público. Por ello, en el ámbito de Extremadura se creó una sociedad cien por cien de capital público, la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEx) cuyo objeto social de es la realización de tareas que le encomiende la Comunidad Autónoma relativo a las encomiendas de gestión.
Es decir, lo que en un principio está regulado para casos muy determinados, se extiende de manera fraudulenta, creando una Administración paralela sin ningún tipo de control que produce que una parte importante del trabajo que actualmente realiza personal funcionario y laboral cualificado, pasa a ser desempeñado por personas ajenas a la Administración Pública, con las siguientes consecuencias:
Es algo totalmente ilegal cuando estas empresas públicas están ejerciendo potestades públicas reservadas a los funcionarios (en la mayoría de los casos), alto ya reconocido por los tribunales.
Libertad de contratación del personal sin atender a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, es decir, sin pasar por un proceso selectivo.
Se salta el procedimiento de llamamiento a través de bolsas de funcionarios o laborales. Así, no es extraño que el proyecto de Ley de Presupuestos de la CAEx para 2011 establezca que: Con la finalidad de optimizar los recursos existentes, no se procederá a la contratación de nuevo personal temporal ni al nombramiento de funcionarios interinos durante el año 2011, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
Ahonda en la sustitución de una Administración Pública formado por empleados públicos imparciales e independientes ante las presiones políticas por una Administración formada por trabajadores contratados y, por tanto, en condiciones menos estables y más susceptibles de ser presionados por los políticos.
Supone una privatización y externalización de los servicios públicos.
Huida del derecho administrativo y aligeramiento de los mecanismos de control, etc
La Junta de Extremadura por de razones de eficacia y como consecuencia de la falta de medios técnicos idóneos realiza una traslación del aspecto material de una potestad a una empresa pública. Esto se lleva a cabo a través figura de la encomienda de gestión que se define como “la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de derecho público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de la misma o de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño”.
Tales encomiendas de gestión sólo se pueden realizar con las empresas públicas cuyo capital sea íntegramente público. Por ello, en el ámbito de Extremadura se creó una sociedad cien por cien de capital público, la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEx) cuyo objeto social de es la realización de tareas que le encomiende la Comunidad Autónoma relativo a las encomiendas de gestión.
Es decir, lo que en un principio está regulado para casos muy determinados, se extiende de manera fraudulenta, creando una Administración paralela sin ningún tipo de control que produce que una parte importante del trabajo que actualmente realiza personal funcionario y laboral cualificado, pasa a ser desempeñado por personas ajenas a la Administración Pública, con las siguientes consecuencias:
Es algo totalmente ilegal cuando estas empresas públicas están ejerciendo potestades públicas reservadas a los funcionarios (en la mayoría de los casos), alto ya reconocido por los tribunales.
Libertad de contratación del personal sin atender a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, es decir, sin pasar por un proceso selectivo.
Se salta el procedimiento de llamamiento a través de bolsas de funcionarios o laborales. Así, no es extraño que el proyecto de Ley de Presupuestos de la CAEx para 2011 establezca que: Con la finalidad de optimizar los recursos existentes, no se procederá a la contratación de nuevo personal temporal ni al nombramiento de funcionarios interinos durante el año 2011, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
Ahonda en la sustitución de una Administración Pública formado por empleados públicos imparciales e independientes ante las presiones políticas por una Administración formada por trabajadores contratados y, por tanto, en condiciones menos estables y más susceptibles de ser presionados por los políticos.
Supone una privatización y externalización de los servicios públicos.
Huida del derecho administrativo y aligeramiento de los mecanismos de control, etc
