El Gobierno suprimirá en torno a 10.600 puestos de trabajo en la Administración General del Estado al reducir del 8% al 5% el máximo de vacantes que podrán tener los departamentos y organismos de la Adminsitración General del Estado (AGE), lo que supondrá un ahorro estimado de 250 millones de euros.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, así lo dijo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que también anunció la creación del Observatorio del Empleo Público que "no acarreará costes adicionales" a las arcas públicas.
De la Vega explicó que la reducción de las vacantes en la AGE se enmarca dentro del plan de medidas de austeridad y eficiencia de la Administración y "evitará desviaciones al alza" del salario de los empleados públicos. Asimismo, dijo que el acuerdo del máximo de vacantes hasta el 5% se prolongará hasta 2013.
La medida afectará a departamentos, organismos, entidades gestoras y servicios comunes de la Administración del Estado, Seguridad Social, Agencias Estatales, entes públicos y entidades públicas empresariales. Los recortes no repercutirán sin embargo en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Administración de Justicia y Centros Penitenciarios, y los servicios periféricos del Servicio Público de Empleo Estatal y controladores aéreos.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, así lo dijo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que también anunció la creación del Observatorio del Empleo Público que "no acarreará costes adicionales" a las arcas públicas.
De la Vega explicó que la reducción de las vacantes en la AGE se enmarca dentro del plan de medidas de austeridad y eficiencia de la Administración y "evitará desviaciones al alza" del salario de los empleados públicos. Asimismo, dijo que el acuerdo del máximo de vacantes hasta el 5% se prolongará hasta 2013.
La medida afectará a departamentos, organismos, entidades gestoras y servicios comunes de la Administración del Estado, Seguridad Social, Agencias Estatales, entes públicos y entidades públicas empresariales. Los recortes no repercutirán sin embargo en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Administración de Justicia y Centros Penitenciarios, y los servicios periféricos del Servicio Público de Empleo Estatal y controladores aéreos.