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Como ya sabréis hay multitud de currantes (a los que tengo un total respeto y colaboro con ellos en lo que puedo) que están entrando en la Junta haciendo lo mismo que los funcionarios pero sin pasar por las temidas oposiciones, lo cual ha provocado (no sólo por estas encomiendas, claro) que se reduzcan los puestos de la OEP y que las listas de espera vayan muy lentas. Esto, aparte de totalmente injusto, es ILEGAL.
Os pongo aquí un extracto del análisis de las encomiendas de gestión de la Junta (empresas públicas); para quien lo quiera leer entero:
http://www.extremaduraprogresista.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4718:encomiendas-de-gestion-junta-extremadura--gpex-o-como-crear-una-administracion-paralela&catid=40:libre-opinion&Itemid=59
Consecuencias de estas encomiendas de gestión:
Huida del derecho administrativo y aligeramiento de los mecanismos de control.
Una parte importante del trabajo que actualmente realiza personal funcionario y laboral cualificado, pasa a ser desempeñado por personas ajenas a la Administración Pública, en muchas ocasiones sin la formación y el conocimiento requerido para la realización de estas tareas. Funciones que la ley reserva a funcionarios porque suponen la actividad normal de la Administración y, en su actuación, no obedecen más que a la legalidad, porque su puesto de trabajo no depende de la voluntad de sus jefes directos. Eso es lo que asegura la objetividad, imparcialidad y transparencia en la actuación administrativa y, en consecuencia, lo que asegura que todo ciudadano sea tratado por igual.
Libertad de contratación del personal sin atender a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, fomentando el amiguismo, el servilismo y la sumisión y saltándose el procedimiento de llamamiento a través de bolsas de funcionarios o laborales, con el evidente perjuicio para los que se han preparado unas oposiciones, muchos de los cuales están en paro.
Resultan más caras que la realización del trabajo por el personal propio de la Administración, por la nueva estructura que se crea y el pago a los diferentes coordinadores.
Pérdida de los derechos laborales, mayor precariedad y menor sueldo del personal de las empresas públicas, produciéndose además posibles infracciones de la legislación laboral.
Esta situación bordea la cesión ilegal de trabajadores ya que muchos de estos trabajadores de las empresas públicas trabajan en las dependencias de la Junta recibiendo órdenes de ésta, le imponen horario y vacaciones una empresa distinta a la suya, los materiales los proporciona la Junta (excepto el ordenador)...
Pero sobre todo por la cuestión que muchos de los empleados de las empresas públicas están ejerciendo potestades públicas reservadas a los funcionarios. Así lo dice claramente Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, que dispone, en su artículo 9.2: “En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos”.
Del mismo modo la Ley 4/2005, de 8 de julio, de reordenación del sector público empresarial de la Comunidad Autónoma de Extremadura establece que la encomienda de dichas actividades no podrá implicar, en ningún caso, la atribución de potestades, funciones o facultades sujetas a Derecho Administrativo.
Y cualquiera que trabaje en la Administración sabe perfectamente que hay multitud de trabajadores de empresas públicas haciendo el mismo trabajo que los funcionarios, es decir ejerciendo potestades públicas.
En este sentido, acaba de dictarse una sentencia pionera en Andalucía que suspende una encomienda de gestión por los motivos señalados.
Os pongo aquí un extracto del análisis de las encomiendas de gestión de la Junta (empresas públicas); para quien lo quiera leer entero:
http://www.extremaduraprogresista.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4718:encomiendas-de-gestion-junta-extremadura--gpex-o-como-crear-una-administracion-paralela&catid=40:libre-opinion&Itemid=59
Consecuencias de estas encomiendas de gestión:
Huida del derecho administrativo y aligeramiento de los mecanismos de control.
Una parte importante del trabajo que actualmente realiza personal funcionario y laboral cualificado, pasa a ser desempeñado por personas ajenas a la Administración Pública, en muchas ocasiones sin la formación y el conocimiento requerido para la realización de estas tareas. Funciones que la ley reserva a funcionarios porque suponen la actividad normal de la Administración y, en su actuación, no obedecen más que a la legalidad, porque su puesto de trabajo no depende de la voluntad de sus jefes directos. Eso es lo que asegura la objetividad, imparcialidad y transparencia en la actuación administrativa y, en consecuencia, lo que asegura que todo ciudadano sea tratado por igual.
Libertad de contratación del personal sin atender a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, fomentando el amiguismo, el servilismo y la sumisión y saltándose el procedimiento de llamamiento a través de bolsas de funcionarios o laborales, con el evidente perjuicio para los que se han preparado unas oposiciones, muchos de los cuales están en paro.
Resultan más caras que la realización del trabajo por el personal propio de la Administración, por la nueva estructura que se crea y el pago a los diferentes coordinadores.
Pérdida de los derechos laborales, mayor precariedad y menor sueldo del personal de las empresas públicas, produciéndose además posibles infracciones de la legislación laboral.
Esta situación bordea la cesión ilegal de trabajadores ya que muchos de estos trabajadores de las empresas públicas trabajan en las dependencias de la Junta recibiendo órdenes de ésta, le imponen horario y vacaciones una empresa distinta a la suya, los materiales los proporciona la Junta (excepto el ordenador)...
Pero sobre todo por la cuestión que muchos de los empleados de las empresas públicas están ejerciendo potestades públicas reservadas a los funcionarios. Así lo dice claramente Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, que dispone, en su artículo 9.2: “En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos”.
Del mismo modo la Ley 4/2005, de 8 de julio, de reordenación del sector público empresarial de la Comunidad Autónoma de Extremadura establece que la encomienda de dichas actividades no podrá implicar, en ningún caso, la atribución de potestades, funciones o facultades sujetas a Derecho Administrativo.
Y cualquiera que trabaje en la Administración sabe perfectamente que hay multitud de trabajadores de empresas públicas haciendo el mismo trabajo que los funcionarios, es decir ejerciendo potestades públicas.
En este sentido, acaba de dictarse una sentencia pionera en Andalucía que suspende una encomienda de gestión por los motivos señalados.
